Autoridades, reguladores, empresas y organismos internacionales coincidieron en un diagnóstico: la conectividad ya no es solo infraestructura, es una pieza estratégica para el desarrollo económico y social.
Durante la jornada inaugural, la ministra TIC, Carina Murcia Yela, puso sobre la mesa el alcance de la actual política pública. Habló de una “inversión histórica en conectividad” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y enfocada en ampliar el acceso con servicios de calidad. Según detalló, más de 4.9 millones de personas han sido beneficiadas, se sumaron 1.3 millones de nuevos accesos fijos y el número de escuelas rurales conectadas creció de 4,275 a 15,269. También destacó medidas como el fortalecimiento a ISPs y ajustes regulatorios como el decreto 1.079.
Pero lo anterior convive con tensiones estructurales. El informe presentado por la OCDE —Conectividad en un entorno digital en evolución: revisión de Colombia— ofrece una radiografía más amplia: si bien el país ha registrado avances importantes en la última década, el ritmo no ha sido suficiente para cerrar brechas.
El crecimiento del 82% en suscripciones de banda ancha fija, la expansión de la fibra óptica hasta el 48% de los accesos y la caída en los precios de los servicios muestran una evolución positiva. A esto se suma la consolidación de redes 4G y el arranque del 5G. Sin embargo, la penetración de banda ancha fija sigue rezagada, con 17.9 accesos por cada 100 habitantes, aproximadamente la mitad del promedio de los países de la OCDE.
Las desigualdades territoriales y económicas siguen marcando el mapa digital. En zonas rurales y en hogares de menores ingresos, el acceso a servicios de calidad continúa siendo limitado, lo que restringe el uso efectivo de Internet.
A esto se suma un problema de fondo: la sostenibilidad del modelo. Entre 2015 y 2023, los ingresos reales del sector cayeron cerca de 17%, mientras el ARPU móvil sigue a la baja y la inversión muestra señales de desaceleración desde 2020. En paralelo, el crecimiento de plataformas digitales y servicios OTT está reconfigurando la demanda sin necesariamente traducirse en mayores ingresos para los operadores.
Ante este escenario, la OCDE plantea una hoja de ruta clara: promover la compartición de infraestructura, fortalecer la competencia, actualizar la regulación y alinear los objetivos de servicio universal con la nueva realidad digital.
Un modelo bajo presión: inversión, costos y nuevas demandas
Felipe Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC, sintetizó el momento que atraviesa el sector: “No solo transportan datos, transportan el futuro”, afirmó sobre las redes, al tiempo que planteó la necesidad de revisar si las reglas actuales responden a la dinámica digital.
Por su parte, Nohora Mercado Caruso, secretaria TIC de Bolívar, insistió en que la conectividad debe entenderse como una herramienta de transformación. En su estado, destacó, 33 de los 46 municipios ya están libres de barreras para el despliegue de infraestructura.
El sector privado, por su parte, puso el acento en los costos y la rentabilidad. Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, llamó a equilibrar oferta y demanda y a reducir costos asociados al espectro y la energía, además de facilitar el despliegue de redes.
Carlos Blanco, CEO de Tigo Colombia, advirtió sobre el estrés del modelo de negocio frente al crecimiento del tráfico no monetizado, mientras que Faihan Alfayez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM Colombia, subrayó que el 45% de la población no conectada lo está por razones de precio, lo que vuelve a poner la asequibilidad en el centro del debate.
En esa misma línea, Iván Sánchez Medina, country manager de Ufinet Colombia, destacó la necesidad de mayor cooperación entre operadores y una mejor interconexión de redes para aprovechar la infraestructura existente, junto con un marco legal más sólido que proteja estas inversiones.
Al cierre, hubo un consenso claro: la brecha digital ya no es solo de cobertura, sino de uso. Aunque la conectividad alcanza al 99% de las cabeceras municipales, cerca del 30% de la población no utiliza Internet.
El desafío, entonces, pasa por algo más profundo: impulsar la alfabetización digital, fomentar la apropiación tecnológica y rediseñar instrumentos como el FUTIC para que no solo conecten, sino que integren.
Con ese contexto, el Colombia Digital Summit 2026 dejó una idea difícil de eludir: el futuro digital del país no dependerá únicamente de desplegar más infraestructura, sino de lograr un equilibrio entre inversión, regulación y uso efectivo.
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