México: Senado aprueba nueva legislación de telecomunicaciones con ajustes clave
Con 71 votos a favor y 29 en contra, el Senado de la República avaló en lo general y en lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incorpora modificaciones derivadas de los Conversatorios legislativos realizados con especialistas, actores de la industria y representantes de la sociedad civil.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la facultad para bloquear o restringir plataformas digitales, anteriormente contemplada en el artículo 109, y la reconfiguración del órgano regulador. La nueva legislación propone la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que operará como un ente administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, y que sustituirá en gran medida las funciones del actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La CRT estará integrada por cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por mayoría en el Senado. Cada uno tendrá un periodo de siete años sin posibilidad de reelección. La presidencia del organismo será asignada directamente por el Presidente de la República entre los cinco miembros designados.
Este nuevo esquema recuerda al modelo previo a la creación del IFT, cuando la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) operaba bajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Durante el proceso legislativo, diversos sectores expresaron preocupación por la intención original de concentrar atribuciones regulatorias en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), eliminando estructuras colegiadas. El nuevo dictamen reintroduce un modelo más equilibrado que busca mantener cierto grado de autonomía decisional.
La reforma también incorpora medidas que han sido calificadas como polémicas, como la obligación para los concesionarios de registrar usuarios y restringir la venta de líneas móviles a personas que se identifiquen con su CURP o RFC. Esta disposición ha sido fuertemente criticada por la oposición, que la vincula con intentos pasados de crear bases de datos de usuarios móviles, como el fallido RENAUT en el sexenio de Felipe Calderón, cuya información terminó filtrada al mercado negro.
Asimismo, los radioaficionados lograron que se reconociera la posibilidad de acceder a una licencia formal en lugar de una simple constancia de registro, como se planteaba inicialmente.
Finalmente, el dictamen contempla medidas de apoyo al sector de medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, al establecer que estados y municipios deberán destinar entre el 1 % y el 10 % de su presupuesto anual en servicios de comunicación social y publicidad para fortalecer a este tipo de concesiones de uso social.
La iniciativa aún deberá ser discutida y votada por la Cámara de Diputados, donde podría recibir nuevos ajustes antes de convertirse oficialmente en ley. Entretanto, el debate en torno a los alcances regulatorios, la privacidad de los usuarios y el papel del Estado en las telecomunicaciones sigue abierto.
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