Jorge Fernando Negrete de DPL: México necesita una infraestructura digital moderna
El reciente proyecto de ley de transformación digital ha desatado uno de los debates más intensos de los últimos años, asegura Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group. En entrevista, el experto advierte que, aunque la iniciativa fue presentada como una ley de telecomunicaciones, en realidad se trata de una legislación que impacta de lleno en derechos digitales, libertad de expresión, infraestructura tecnológica y competitividad internacional.
El especialista advierte que el país llega tarde al desarrollo 5G y urge a replantear la ley de transformación digital para atraer inversión, impulsar competitividad y proteger derechos fundamentales.
“Es la primera iniciativa de la Cuarta Transformación que se detiene para abrir un proceso de diálogo y revisión. Eso ya la hace relevante”, señala Negrete.
El detonante de la polémica fue un artículo que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital la facultad de suspender temporalmente plataformas digitales. Esta disposición fue vista como una amenaza directa a la libertad de expresión y encendió las alarmas entre empresas tecnológicas, medios de comunicación y usuarios.
“Gracias al sentido de alerta de la ciudadanía, esta iniciativa fue el punto de partida para discutir algo mucho más complejo: la urgente necesidad de construir una infraestructura digital moderna, inclusiva y con respeto a los derechos fundamentales”, sostiene el presidente de DPL Group.
El atraso digital y el riesgo de perder el nearshoring
Negrete advierte que México ha perdido tiempo valioso en el despliegue de redes de nueva generación. Mientras países como Chile, Brasil o República Dominicana ya han licitado espectro 5G con condiciones atractivas, México aún no realiza una licitación formal. Lo que actualmente se ofrece como 5G, afirma, es en realidad una versión intermedia: “un 4.5G disfrazado”.
“El 5G no es solo para tener más velocidad en el celular. Es la clave para habilitar parques industriales, puertos, fábricas inteligentes y cadenas logísticas. Es esencial para el nearshoring”, afirma.
Según el experto, mientras EE. UU. tiene densas redes 5G en toda su frontera sur y países sudamericanos ofrecen velocidades de hasta 400 Mbps, México promedia apenas 50 Mbps. Esta carencia ha limitado la atracción de industrias tecnológicas avanzadas. “Las empresas que llegan hoy fabrican estructuras, tornillos, vidrios. No vienen por tecnología de punta porque no tenemos la infraestructura para soportarla”, apunta.
Conectividad desigual, una barrera para la inclusión
La falta de conectividad es aún más grave en el sur del país. Entidades como Chiapas, Oaxaca o Guerrero presentan niveles de conexión comparables con regiones del África subsahariana, con velocidades de apenas 20 Mbps y una cobertura inferior al 50%.
“Así no se puede hablar de inclusión ni de justicia social. La infraestructura digital es un derecho y una herramienta para el desarrollo”, afirma Negrete.
El alto costo del espectro, otro obstáculo
Uno de los principales factores que han frenado el despliegue tecnológico en México es el elevado costo del espectro radioeléctrico, uno de los más altos del mundo. Negrete explica que para desplegar 5G se requiere diez veces más espectro y fibra óptica, lo cual resulta inviable si no se ajustan las tarifas.
“Mientras otros países bajaron los precios del espectro entre 80% y 90% para incentivar inversión, México mantuvo tarifas elevadas. Si se hubieran reducido, los operadores habrían podido invertir más de 10 mil millones de dólares en cobertura nacional”, señala.
Aunque la nueva iniciativa contempla una reducción de precios para zonas rurales, Negrete considera que la medida es insuficiente. “Se necesita una política agresiva que priorice la cobertura por encima de la recaudación fiscal y que imponga obligaciones claras a los operadores en zonas desatendidas”, propone.
Una ley para el siglo XXI
Más allá del espectro y la conectividad, el especialista insiste en que se requiere una visión integral. “Sin redes robustas no hay inteligencia artificial, no hay transformación digital ni desarrollo social. Todo empieza por ahí”, advierte.
Critica también que la propuesta original planteaba una agencia hipercentralizada sin neutralidad regulatoria ni condiciones equitativas de competencia, lo cual podría favorecer a una sola empresa estatal.
Finalmente, reconoce que el reciente llamado al diálogo por parte del gobierno abre una oportunidad para rediseñar la ley de forma incluyente y estratégica.
“México puede convertirse en una potencia digital. Pero necesita una política pública moderna, integradora y orientada a la inclusión. La infraestructura digital no es un lujo: es la base del desarrollo económico, la competitividad y la justicia social del siglo XXI”, concluye.
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