Telcel: demandante modernizar la regulación en telecomunicaciones en México
La figura de la preponderancia, instaurada en 2014 como un instrumento para limitar la concentración en el sector telecomunicaciones, muestra claros signos de desgaste. La transformación del mercado mexicano demanda una revisión urgente de este modelo regulatorio.
A más de diez años de la reforma constitucional en telecomunicaciones, la figura de “preponderancia” —impuesta a América Móvil y su filial Telcel— parece haber agotado su efectividad. Diseñada para frenar la concentración y promover la competencia, esta figura se basó en un criterio jurídico más que económico, al clasificar como preponderante a cualquier operador con más del 50% de participación agregada en servicios del sector, sin distinción entre mercados ni análisis estructurales.
En el caso del segmento móvil, Telcel ha perdido casi 17 puntos porcentuales de participación desde 2014. Si bien continúa siendo el operador con más líneas, su cuota de mercado ha descendido sostenidamente, al tiempo que crecieron competidores como AT&T y los operadores que usan la Red Compartida, destacando la marca BAIT con más de 13 millones de usuarios.
La disminución en la participación de Telcel también se refleja en ingresos. Según datos del IFT, su participación en los ingresos del sector es de apenas 38.6%, inferior al umbral de preponderancia. A pesar de ello, sigue cargando con obligaciones regulatorias diseñadas para actores dominantes.
Expertos del sector coinciden en que esta condición ya no refleja la realidad del mercado. Daniel Bernal, director jurídico de Telmex, calificó la figura de preponderancia como un “error histórico” que ignora la convergencia tecnológica. La actual normativa impide que operadores como América Móvil ofrezcan servicios integrados, pese a que las redes de fibra óptica permiten distribuir todo tipo de contenido digital sin distinción técnica.
Además, el artículo noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones ha limitado la capacidad del regulador para autorizar fusiones o adquisiciones en mercados donde haya un operador preponderante, restringiendo decisiones estratégicas que podrían mejorar la competencia.
Mientras tanto, el ecosistema ha cambiado. El número de operadores móviles de banda ancha pasó de cuatro a 30 en una década. La Red Compartida se consolidó como una opción viable. Y pequeños operadores —cuyo peso en el mercado es subestimado por falta de datos oficiales— aseguran atender a más del 20% de la población, especialmente en zonas desatendidas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, actualmente en vías de desaparición tras una reforma legislativa, ha reconocido los avances alcanzados bajo esta regulación. Sin embargo, también hay consenso en que la figura de la preponderancia, al aplicarse por sector y no por servicio o región, ha perdido precisión y utilidad.
Hoy, la urgencia no está en mantener intacta esta regulación, sino en actualizarla para reflejar la convergencia tecnológica, la fragmentación del mercado y las nuevas dinámicas de competencia. Una nueva ley debe garantizar que el marco regulatorio promueva la inversión, la expansión de cobertura y la equidad competitiva, sin depender de conceptos jurídicos artificiales ni esquemas anacrónicos.
@Newsline Report 2025
