La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso reducir 12% los derechos por el uso del espectro radioeléctrico en México, como parte del Paquete Económico de la Federación 2027 (PEF). La iniciativa contempla modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD) y llega después de varios años de cuestionamientos de la industria y organismos internacionales sobre el nivel de las tarifas.
El planteamiento busca atender uno de los factores que han afectado la inversión, la cobertura y la disponibilidad de espectro para servicios móviles.
Un rezago en la disponibilidad de espectro
La revisión de los derechos ocurre en un contexto de déficit de espectro radioeléctrico para servicios móviles masivos. El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 establece que México dispone actualmente de 695 MHz para estos servicios, frente a los 1,280 MHz que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda como referencia.
Con esta disponibilidad, el país opera con 54.3% del espectro considerado como referencia internacional. El programa gubernamental prevé alcanzar 1,095 MHz para 2030, una cifra que todavía estaría 185 MHz por debajo de la recomendación de la UIT.
El impacto de las tarifas en la inversión
La reducción de los derechos se plantea en un escenario en el que algunos operadores han devuelto frecuencias debido al costo que representa mantenerlas. Entre 2019 y 2024, las renuncias de Telefónica y AT&T habrían significado para Hacienda una pérdida de recaudación de 23,281 millones de pesos.
Durante años, la industria de telecomunicaciones ha solicitado revisar el esquema de cobro del espectro. Organizaciones como la GSMA, la OCDE y la ASIET, así como los extintos reguladores Cofetel e IFT, han señalado los efectos de las tarifas sobre la inversión, la cobertura y la competencia.
En marzo de 2026, la OCDE señaló que los precios del espectro en México se encuentran entre los más altos de los países que integran el organismo. De acuerdo con su diagnóstico, el costo total de la mayoría de las frecuencias es casi el doble de la mediana internacional.
La OCDE también advirtió que las tarifas elevadas pueden desincentivar la inversión, favorecer la concentración del mercado y dificultar el ingreso de nuevos competidores. Asimismo, señaló que este esquema no necesariamente se traduce en una mayor recaudación pública.
Uno de los antecedentes más relevantes se encuentra en la licitación de 2021, en la que únicamente tres de los 41 bloques disponibles encontraron comprador. El resultado evidenció las dificultades para colocar espectro bajo las condiciones económicas vigentes.
La CRT prepara nuevos procesos de asignación
La propuesta de Hacienda coincide con la nueva etapa de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que contempla tres procesos para la asignación de espectro: uno dirigido a aplicaciones industriales, otro enfocado en la cobertura de zonas rurales y marginadas, y un tercero para banda ancha móvil 5G.
El regulador prevé poner en el mercado al menos 300 MHz en bandas como 600, 800/850 MHz, 1.9, 2.3, 2.5 y 3.5 GHz, además de otras bandas de alta capacidad.
Estos procesos se desarrollarán después de que la licitación IFT-12, que contemplaba 2,223 lotes de frecuencias para servicios 4G y 5G, no lograra concretarse en el contexto de la transición institucional y política del sector.
Con la eventual reducción de los derechos, uno de los principales retos para la CRT será generar condiciones que permitan atraer participantes a las próximas licitaciones y favorecer la inversión en infraestructura, cobertura y capacidad de las redes móviles.
La propuesta de Hacienda todavía deberá avanzar en el proceso legislativo correspondiente. Su impacto dependerá de la aprobación de las modificaciones a la Ley Federal de Derechos y de la respuesta de los operadores ante las nuevas condiciones económicas para el uso del espectro.
The CIU advierte que la reducción podría ser insuficiente
Por otro lado, The Competitive Intelligence Unit (The CIU) advirtió que el ajuste podría no ser suficiente para cerrar la brecha de precios frente a otros países.
De acuerdo con la consultora, las bandas AWS y PCS presentan un sobreprecio de alrededor del 93% superior a los referentes internacionales.
The CIU estima que la reducción permitiría a los operadores disponer de alrededor de 2,250 millones de pesos adicionales al año, recursos que actualmente destinan al pago de derechos y que podrían canalizarse hacia infraestructura, cobertura y redes 5G.
El análisis identifica a Telcel como el principal beneficiario de la medida, con un ahorro estimado de 1,240 millones de pesos anuales. Por su parte, AT&T México dejaría de pagar alrededor de 1,010 millones de pesos al año.
Sin embargo, la consultora plantea que el impacto de la reducción dependerá de si las nuevas condiciones económicas son suficientes para incentivar la adquisición de espectro, la inversión en redes y una mayor competencia en el mercado mexicano.
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