Negocios 27.08.2025 > Newsline Report

Gobierno de EE.UU. adquiere el 10% de Intel por 8.900 MDD

El Gobierno de Estados Unidos anunció la compra del 10% de Intel por un valor de 8.900 millones de dólares, en una operación que busca reforzar la estabilidad de la compañía y, al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre el impacto que este movimiento tendrá en la industria global de semiconductores.

La entrada del Estado en el accionariado se produce en un momento de fragilidad para la firma dirigida por Lip-Bu Tan, quien asumió recientemente el liderazgo. La medida se suma a la inyección de 2.000 millones de dólares de SoftBank, consolidando lo que analistas califican como un doble rescate para la tecnológica estadounidense.

Aunque el acuerdo no contempla representación gubernamental en el consejo de administración, expertos señalan que la presencia de dinero público introduce un nuevo nivel de presión política sobre las decisiones estratégicas de Intel. “Cada movimiento de la empresa será evaluado bajo un prisma distinto: el de la inversión estatal”, indican analistas de mercado.

La operación recuerda a la intervención del Gobierno durante la crisis de 2008 con la industria automotriz, marcando la primera vez en más de una década que Washington adquiere participación directa en una corporación privada. El trasfondo político no ha tardado en emerger: legisladores como Tom Cotton han cuestionado la trayectoria de Tan por sus vínculos de inversión en China, mientras que el expresidente Donald Trump pasó de pedir su dimisión a reconocer públicamente su gestión.

Uno de los puntos más sensibles es el posible favoritismo hacia Intel frente a competidores como AMD, NVIDIA, Qualcomm o Apple. La cercanía con las agencias gubernamentales podría inclinar la balanza en futuros contratos, alterando las condiciones de competencia en el mercado.

El caso refleja el dilema de una empresa considerada “demasiado grande para caer”: mantener a flote a un actor clave para la cadena de suministro de chips en EE.UU., pero al costo de abrir un debate sobre la autonomía empresarial y el papel del Estado en sectores estratégicos.

 

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