“Uruguay entre el Covid-19 y el cambio”

El resultado de la pandemia y cómo nuestras autoridades se conduzcan y resuelvan los aspectos sanitarios y económicos que provoca, dará un sello al presente gobierno. En materia institucional, y a tan solo nueve días de haber ocupado las oficinas en la Torre Ejecutiva, el gobierno tiene planteado otro partido de tanta importancia como el que le presenta el COVID 19; la defensa de la Libertad y la aplicación de la Justicia.

 

Las autoridades salientes, por resolución del Poder Ejecutivo definieron un proceso legal de selección de tres señales de televisión para completar de manera obligatoria la grilla de los cable operadores; en especial los de Montevideo, que  integran los grupos de empresas de los canales abiertos.  Este proceso ha sido recurrido por los grupos empresariales de los canales de aire. Alegan en su recurso de nulidad “falta de competencia de URSEC para la aprobación de los Pliegos del Llamado Público”, en el entendido que las personas públicas tienen un campo de actuación limitado por su especialidad, y que la competencia para realizar éste proceso licitatorio es del Poder Ejecutivo y no de la URSEC.  

 

El propio Poder Ejecutivo resuelve este punto con el dictado del Decreto 160/019 de fecha 5 de junio de 2019, por el cual decide que la convocatoria la realice la URSEC en su condición de órgano de aplicación. Convalida la legalidad de lo actuado cuando resuelve oportunamente el recurso interpuesto al Decreto 160/019; y lo vuelve a hacer cuando otorga las concesiones en el proceso llevado adelante por la URSEC, reservándose para si el la resolución definitiva del asunto.

 

Si ignoráramos la historia pensaríamos que se trata de un abuso del Estado ante privados que desarrollan una actividad comercial basada en la libre competencia. Pero no es así. 

Desde que en el año 1994 fueron adjudicados por el Poder Ejecutivo de la época, los grupos empresariales y de poder de los canales de aire han utilizado su cable operadoras como cerrojo en la defensa de dichas licencias y el negocio que con ellas desarrollan

 

¿Y cómo lo han hecho? Pues de la manera más simple y sencilla; no permitiendo ingresar a la grilla ningún otro privado que desarrolle actividad televisiva. Las excepciones convenientes a sus intereses; el canal de la Intendencia de Montevideo y el que posee los derechos televisivos del futbol uruguayo.  Si ello afectara únicamente un sector económico del país, podríamos entender que el Estado no intervenga. Pero la actividad de televisión no solamente es una industria sin chimeneas; es un factor fundamental en la construcción de sociedades libres, plurales, republicanas, democráticas, basadas en el estado de derecho.

 

Rechazar el pedido de nulidad que los canales abiertos de tv realizan es lo que se espera del Poder Ejecutivo. No porque los nuevos adjudicatarios tengan una editorial más cercana o alejada ideológicamente de los partidos en el gobierno; si no porque hacerlo es de justicia, entendiendo ésta como la definía Santo Tomás: “el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno sus derechos”.    

 

Reconocer los derechos adquiridos en el proceso de selección de quienes procedieron apegados a las normas regulatorias que marcó en Poder Ejecutivo de la época, es de justicia. También lo es, reconocerle al ciudadano como “animal político” su derecho a escuchar pluralidad de voces, de miradas, a informarse de fuentes fidedignas y alejadas de las “fake news”, para formar así sus criterios propios, interpretar y construir la sociedad en la que vive. 

 

Como vemos, no es este un recurso más de los tantos que diariamente se presentan ante la administración. Es interpuesto por empresas que en los hechos han actuado como oligopolio desde que iniciaron su actividad comercial, defendiendo con herramientas desleales sus intereses, cercenando el libre ejercicio empresarial de legítimos interesados, limitando la libertad de informarse con matices de todos los habitantes de nuestro suelo y perjudicando la construcción de nuestra sociedad basados en la pluralidad y el estado de derecho.

 

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