Este mandato surge del artículo 26 transitorio del proyecto de ley, el cual instruye a la ATDT a diseñar un esquema de licitación que ponga a disposición de los operadores las bandas radioeléctricas más apropiadas para asegurar una prestación eficaz y de calidad de los servicios 5G. La iniciativa busca corregir años de intentos fallidos por parte del gobierno federal y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los cuales se vieron frenados por factores políticos, económicos y regulatorios.
La propuesta de ley será sometida a votación en el actual periodo legislativo, antes del 30 de abril. Una vez aprobada, la presidenta contará con un plazo de diez días naturales para promulgarla, y la norma entraría en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de entonces, comenzarán a correr los 180 días naturales para que la ATDT presente el plan de licitación correspondiente.
Este nuevo marco normativo representaría el primer concurso de espectro 5G impulsado directamente desde el Ejecutivo, con un enfoque integral que no solo considera el criterio económico, sino también aspectos técnicos y de cobertura, según detalla el propio texto legislativo.
Durante el sexenio anterior, el IFT intentó colocar frecuencias para redes 5G desde 2019, pero diversos obstáculos —como la pandemia, la rigidez de la Secretaría de Hacienda en los cobros por el uso del espectro y una economía debilitada— frustraron cada intento. Incluso, en los primeros meses de 2025, el gobierno federal forzó la cancelación de la Licitación IFT-12, la cual contemplaba 2,223 bloques de frecuencias para servicios móviles de cuarta y quinta generación, abarcando coberturas nacionales, regionales y locales.
La nueva administración apuesta por revertir esa tendencia con un enfoque coordinado entre política pública, regulación técnica y sostenibilidad financiera, posicionando al país para integrarse finalmente a la carrera global por el 5G.
@Newsine Report 2025