Claudia Curiel de Icaza, secretaria de cultura del Gobierno de México, presentó este viernes, durante la conferencia matutina de Claudia Shembaun, la iniciativa de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual. Esta medida pretende sustituir la legislación de 1992, considerada obsoleta, para actualizar el marco legal del sector ante los desafíos tecnológicos, económicos y digitales de la actualidad.
Uno de los temas abordados durante la reunión fue la garantía de espacios para el cine nacional. Se propuso que la exhibición de películas mexicanas supere el 10% de la programación, junto con ampliar su permanencia en pantalla de 7 a 14 días. Asimismo, se planteó realizar revisiones semestrales y aplicar ajustes en la cartelera. En el entorno digital, se busca reforzar la promoción mediante secciones dedicadas a las producciones nacionales en las plataformas de streaming.
Otro de los puntos clave de la iniciativa fue el compromiso del Estado de financiar y fomentar la producción audiovisual mediante programas presupuestarios con incrementos progresivos. Con ello, se espera fortalecer la realización, especialmente de proyectos independientes o con recursos limitados.
En este marco, ayer se celebró un evento encabezado por Sheinbaum. En él se anunciaron incentivos fiscales para la industria cinematográfica y audiovisual, entre ellos un crédito fiscal en el ISR de hasta 30 % para producciones que cuenten con al menos 70 % de proveeduría nacional y no superen los 40 millones de pesos.
Uno de los ejes más relevantes de la propuesta es la protección de las y los intérpretes de doblaje frente al avance de la Inteligencia Artificial. En paralelo a la conferencia, se enviaron reformas a la legislación laboral y en materia de derechos de autor con el objetivo de resguardar a estos profesionales ante el uso de IA. Entre los puntos centrales se incluyen:
En la presentación se subrayó que las iniciativas buscan una política cinematográfica integral que abarque la creación, la producción, la distribución y la exhibición. En conjunto, la propuesta de reforma será enviada al Congreso para su análisis y eventual discusión legislativa. De aprobarse, el nuevo marco jurídico implicaría un cambio estructural en la política cultural y audiovisual del país, con la intención de fortalecer la industria nacional, ampliar la presencia del cine mexicano y adaptar la regulación a los retos actuales.
“El cine y el audiovisual son una expresión cultural que construye identidad, memoria y comunidad, y por eso era importante que este cambio de paradigma le diera ese enfoque de derechos culturales”, planteó Curiel.
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