La cooperación entre el sector público y privado, el fortalecimiento de las acciones judiciales y la identificación de las redes que distribuyen contenidos ilegalmente fueron algunos de los principales ejes de la agenda antipiratería de Jornadas Internacionales 2026, organizadas por CAPPSA y ATVC en Buenos Aires.
En el panel “La Justicia y la acción efectiva contra la piratería” participaron Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos Antipiratería y Requerimientos Judiciales de Personal; Horacio Juan Azzolín, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI); Víctor Hugo Portillo, Legal Counsel de LaLiga Latin America; y Francisco Berdaguer, abogado y asesor de Red Intercable.
Piris explicó que Personal mantiene una estrategia de investigación y acciones penales para combatir la distribución ilegal de contenidos. Además de proteger los derechos audiovisuales de Flow, destacó los riesgos que estas plataformas pueden representar para los usuarios, particularmente por la exposición de datos personales y la seguridad digital.
Por su parte, Azzolín señaló que las acciones judiciales contra Tarjeta Roja y Magis TV tuvieron resultados concretos y un efecto disuasorio sobre las organizaciones involucradas. También destacó la importancia de avanzar más allá del bloqueo de contenidos para identificar a los responsables y actuar sobre la infraestructura que sostiene estas operaciones.
El fiscal subrayó que la colaboración de las empresas privadas resulta fundamental por su conocimiento técnico y la información que pueden aportar a las investigaciones.
Desde LaLiga Latin America, Portillo sostuvo que la protección de los derechos de transmisión deportiva beneficia al conjunto de la industria audiovisual. En ese sentido, destacó el trabajo con autoridades de distintos países para combatir la distribución ilegal y promover el acceso a plataformas legales.
Berdaguer, en representación de Red Intercable, puso el foco en las campañas de concientización y los protocolos de actuación de los operadores. Aunque señaló una disminución de la piratería durante el año, advirtió que los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia del sector y que en el interior del país faltan recursos para atender esta problemática.
Protección de los derechos deportivos
La agenda continuó con el panel “Logros y desafíos para proteger el contenido deportivo”, en el que se abordaron los avances en la defensa de los derechos audiovisuales y las dificultades que persisten frente a las redes de distribución ilegal.
Mariana Oteiza, directora senior de Legales de TNT Sports / HBO Max, Skydance, destacó la importancia de las transmisiones en vivo para el valor de los derechos deportivos y señaló que el trabajo conjunto permitió mejorar la capacidad de respuesta frente a la piratería. Sin embargo, advirtió sobre las limitaciones de la regulación local y la operación de redes ilegales desde jurisdicciones que les ofrecen ventajas.
Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, afirmó que Argentina registró una caída del 15% en la piratería durante el último semestre, según los datos presentados en el panel.
El directivo vinculó este resultado con el trabajo sostenido en distintos frentes y una mayor participación de las autoridades judiciales y regulatorias. No obstante, advirtió que la continuidad de las medidas es uno de los principales desafíos, debido a la capacidad de adaptación de estas redes, que han evolucionado desde los sitios web hacia modalidades como IPTV.
Experiencias regionales y herramientas regulatorias
El tercer espacio, “Buenas prácticas en defensa de la industria”, reunió experiencias internacionales sobre fiscalización, homologación de dispositivos y cooperación con las autoridades.
Marcel Fleury, coordinador de Fiscalización de ANATEL, expuso las medidas implementadas en Brasil, entre ellas la incautación de dispositivos irregulares, el uso de inteligencia artificial para detectar su comercialización electrónica y el establecimiento de requisitos de homologación y ciberseguridad.
Según explicó, estas acciones buscan proteger a los usuarios, elevar los costos operativos de las redes ilegales y reducir la confianza en los servicios que distribuyen contenidos sin autorización.
Por su parte, Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Externos, Económicos y Regulatorios de WAIKEN ILW, anunció que la organización trabaja con entidades regionales y autoridades argentinas en el lanzamiento de un manual de apoyo para las autoridades judiciales.
Bentancourt también destacó la experiencia brasileña en materia de bloqueos, al señalar que allí se aplican medidas masivas pese a la existencia de entre 18,000 y 19,000 proveedores de internet, sin perjudicar sus negocios, según lo expuesto durante el encuentro.
Los tres paneles pusieron de relieve la necesidad de mantener la cooperación entre autoridades judiciales, organismos reguladores, operadores y titulares de derechos. La evolución de las modalidades de distribución ilegal exige combinar investigación penal, medidas técnicas, regulación y concientización para proteger la propiedad intelectual y el desarrollo de los servicios legales de contenidos.
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