
Las entidades representativas de la industria de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de Argentina manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener la aplicación de la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad en los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
A través de un posicionamiento conjunto, el sector respaldó el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes, pero advirtió sobre la necesidad de que las nuevas obligaciones se fundamenten en estándares técnicos internacionales, respeten la neutralidad tecnológica y no generen obstáculos a la inversión, la competencia ni la expansión de la conectividad.
Uno de los principales cuestionamientos se dirige a la posibilidad de condicionar el cumplimiento de los nuevos requisitos a un único esquema privado de certificación: SCS 9001, desarrollado por la Telecommunications Industry Association (TIA).
De acuerdo con las entidades, este estándar evalúa procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro, pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos. Por ello, consideran que la protección de las redes requiere mecanismos complementarios de evaluación y alternativas para acreditar el cumplimiento mediante estándares internacionales reconocidos.
Solicitan diálogo con las autoridades
La industria señaló que las redes de telecomunicaciones argentinas cuentan con infraestructura basada en arquitecturas que integran múltiples proveedores y tecnologías, sujetas a estándares, certificaciones internacionales y procedimientos de homologación y control de las autoridades competentes.
Ante este escenario, solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a los organismos correspondientes abrir un espacio de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones.
La petición contempla establecer criterios técnicos objetivos y condiciones razonables de implementación, con la participación de los operadores responsables de gestionar y proteger las redes.
Las entidades sostienen que el fortalecimiento de la ciberseguridad debe avanzar de manera compatible con el desarrollo de la conectividad y la competitividad digital de Argentina.