La piratería se sostiene en la ilegalidad: constituye un negocio clandestino concentrado en unos pocos actores que no pagan impuestos, no generan empleo en el país, y no respetan los derechos de autor ni los conexos.
La TV paga sigue siendo el modelo más adecuado para una distribución eficiente, equitativa y accesible de contenidos en vivo, especialmente de aquellos con alta demanda, como los eventos deportivos. Este modelo se apoya en redes confiables y acuerdos contractuales que aseguran el respeto por las normas, la calidad técnica y un uso racional de los recursos, en beneficio de los clientes.
En Argentina, la TV paga forma parte de una cadena de valor que invierte intensamente en la selección, adquisición y distribución de contenidos, e innova constantemente para brindar entretenimiento, información y cultura de manera segura y de calidad a sus usuarios. Este esfuerzo colectivo requiere también del compromiso de los distintos eslabones del ecosistema para adoptar prácticas de protección y herramientas tecnológicas, como la segurización de sus CDN y la correcta encriptación de los contenidos que ayuden a mitigar desvíos y usos indebidos de los mismos.
Se denuncia la piratería porque:
Daña la inversión local, limita el pago de impuestos y afecta la generación de empleo dentro del ecosistema audiovisual.
Desincentiva la creación y oferta de contenidos, reduciendo la competencia y la diversidad.
Amenaza a los usuarios, exponiéndolos a riesgos en sus datos personales y financieros, a plataformas sin garantías de calidad ni continuidad, ya posibles sanciones legales.
Si bien los bloqueos judiciales pueden ser herramientas válidas en ciertos casos, no resuelven el problema de fondo y, en algunas situaciones, podrían afectar contenidos legítimos. Su aplicación debe realizarse dentro de un marco institucional claro, con intervención del órgano jurisdiccional competente, y considerada como una medida excepcional, ya que su implementación representa una carga operativa y económica significativa para los operadores TIC que integran la cadena de conectividad y distribución de contenidos.”
Llamado a la acción
“Es urgente construir un ecosistema articulado y colaborativo, que involucre al poder judicial, a los proveedores de contenidos, a los prestadores de servicios de internet y a las autoridades reguladoras. Solo así será posible desarrollar herramientas eficaces contra la piratería y fomentar la concientización sobre el acceso seguro y el consumo responsable de contenidos”.
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